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Jennifer Peirce
Desde 2003, la República Dominicana ha tenido un modelo judicial acusatorio y ha implementado también una de las reformas penitenciarias más ambiciosas de la región, basada en la rehabilitación y los principios de derechos humanos. Aunque estas reformas han mejorado las condiciones carcelarias y los procesos judiciales, el número de personas encarceladas casi se ha duplicado, pasando de 14.000 a más de 26.000. Este aumento se debe sobre todo al crecimiento de la tasa de prisión preventiva, a pesar de la disponibilidad de otras medidas de coerción. A partir de datos obtenidos de encuestas efectuadas a personas privadas de la libertad, de entrevistas y de datos oficiales, este artículo analiza los factores institucionales e individuales que podrían explicar la variación en la decisión de imponer o no la prisión preventiva. Varios factores jurídicos y extrajurídicos, destacados en otras investigaciones sobre la prisión preventiva, como el tipo de delito del que se acusa a la persona y el nivel educativo, no están asociados de manera significativa con las decisiones sobre prisión preventiva individual en la República Dominicana. Los hallazgos cuantitativos sugieren que son más importantes los factores sistémicos más amplios, en particular, los vacíos de capacidad institucional, la imposibilidad de conseguir la fianza, las decisiones de abogados y jueces con aversión al riesgo, y el populismo penal general. Esto indicaría que los creadores de políticas públicas deberían prestar mayor atención a la dinámica institucional y política, y menos a las desigualdades individuales de la población carcelaria, si quieren reducir el uso de la prisión preventiva.
In 2003, the Dominican Republic began to shift towards an adversarial judicial model and has implemented one of the region’s most ambitious reforms to its prison system, based on rehabilitative and human rights principles. Although these reforms have improved prison conditions and trial processes, the number of people incarcerated has nearly doubled, from 14,000 to over 26,000. This increase is due mostly to rising rates of pretrial detention, despite the availability of alternative pretrial measures. Drawing on data from prisoner surveys, interviews, and administrative data, this paper analyzes individual- and institutional-level factors that might explain variation in the decision as to whether impose pretrial detention or not. Several legal and extra-legal factors that are salient in other research on pretrial detention, such as charge and education level, are not significantly associated with pretrial detention decisions at individual level in the Dominican Republic. Qualitative findings suggest that broader system-level factors – specifically institutional capacity gaps, inaccessible cash bail, risk-averse decisions by attorneys and judges, and general penal populism – are more important. This suggests that in order for policymakers to reduce the overuse of pretrial detention, they should focus more attention on institutional and political dynamics rather than individual-level disparities.
