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Douglas NeJaime, Reva Siegel
Alrededor del mundo, sujetos y entidades pertenecientes a los sectores públicos y privados están invocando la conciencia como base para objetar leyes o decisiones judiciales que confieren derechos reproductivos y LGBT a otras/os ciudadanas/os. Las objeciones de conciencia que se dan en el contexto de las “guerras cultures” respecto de derechos reproductivos y LGBT, difieren de las situaciones paradigmáticas en las que se conceden excepciones al cumplimiento de la ley donde alguien de una religión minoritaria busca observar un ritual religioso o vestirse conforme a su religión, en violación a leyes generalmente aplicables. En cambio, el otorgamiento de objeciones de conciencia que se da en el contexto de las “guerras culturales” puede causar daños significativos a terceros e imponer visiones tradicionales a ciudadanos/as, cuyos derechos han sido recientemente protegidos por la ley.
La contribución de este trabajo es práctica y crítica. Por un lado, ofrecemos una guía para mostrar cómo el gobierno puede promover el pluralismo a través de proveer excepciones a la ley para objetores y al mismo tiempo protege a ciudadanos/as que pueden verse afectados/as. Por otro lado, consideramos que cuando el gobierno protege la conciencia en un marco que no preserva los derechos de otros/as ciudadanos/as, podría estar utilizando la objeción de conciencia para crear un orden jurídico de facto en favor de las creencias de los objetores.
Across the globe, public and private actors are now invoking conscience as a ground for objecting to laws or judicial decisions that confer on citizens reproductive and LGBT rights. Conscience claims in culture-war conflicts over reproduction and sexuality differ from paradigmatic religious accommodation claims, where an individual from a minority faith seeks to engage in ritual observance or religiously-motivated dress that runs afoul of generally applicable laws. Accommodation of culture-war conscience claims may inflict significant harms on other citizens and impose older, traditional views on citizens whose rights the law only recently has come to protect.
Our intervention is practical and critical. We offer guidance on accommodation, showing how government might promote pluralism by accommodating objectors while protecting citizens who may be affected. We suggest that when government accommodates conscience in a framework that does not preserve the other citizens’ rights, government may be employing accommodation to create a de facto public order favoring objectors’ beliefs.
