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Carlos Silva Forné, Sergio Padilla Oñate
Con base en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 20161, analizamos la probabilidad de que un recluso haya sido torturado en México al momento de su detención y antes de su presentación ante la justicia, en función de: a) la institución policial o militar que lo detuvo; b) el sistema de justicia que lo procesó; y c) el período de gobierno en que se realizó tal detención. Consideramos variables de control de nivel individual (edad y sexo) y situacional (tipo delictivo y resistencia a la detención). Al utilizar la técnica de regresión logística los resultados confirman una mayor probabilidad de ser torturado si la detención es realizada por miembros de la marina, seguida de cerca por el ejército, las policías estatales y por la policía federal. A su vez, la probabilidad de que un detenido haya sido torturado disminuye en el sistema de justicia penal acusatoria y durante los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto (2013 - 2016). Estos resultados aportan evidencia para discutir el proceso de militarización de la seguridad pública en México.
Using the National Survey of “Población Privada de la Libertad” 2016 (“Prison population 2016) we analyzed the probability that a person was tortured at the moment of his/her arrest and before his/her presentation to the authorities, taking into account the following variables: a) the police or military institution that was involved in the detention; b) the type of justice system; c) the period of presidential government. At individual level control variables were also considered (age and sex) and at situational level (type of crime and resistance during arrest). Using logit models the findings confirm a major probability of being tortured if the arrest was conducted by marines. In second place if the arrest was made by soldiers and in third place if the arrest was made by the state and the federal police forces were involved. The probability of being tortured was low when they occurred during the new justice system and in early years of the government of Peña Nieto (2013 - 2016). These findings provide evidence to discuss the militarization process of public security in Mexico.
