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María Solange Maqueo Ramírez
El llamado derecho al olvido como una manifestación del derecho a la protección de datos personales es una realidad insoslayable en el ámbito de la Unión Europea. Sin embargo, esta perspectiva ha generado posturas encontradas, tanto por la complejidad de su implementación como por los potenciales conflictos que podría implicar para el ejercicio de otros derechos humanos. Esto resulta de especial relevancia para aquellos países en los que el derecho de la Unión Europea ha sido un importante referente en el diseño normativo e institucional del derecho a la protección de datos personales. En ese contexto, este artículo pretende dilucidar si dadas las condiciones actuales del sistema jurídico mexicano, en el que se carece de resoluciones firmes que esclarezcan la solución, es posible adoptar el camino previamente trazado por el fallo inédito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para esos efectos, este artículo se centra en el debate generado en torno al papel de los intermediarios de Internet y en el reconocimiento del derecho a la protección de datos personales como un derecho humano.
The so-called right to be forgotten as a manifestation of the right to personal data protection is a reality in the European Unión. However, this perspective has generated conflicting positions, both because of the complexity of the implementation of this right and because of the potential conflicts that it could imply for the exercise of other human rights. This is particularly relevant for those countries in which European Union law has been an important referent in the normative and institutional design of the right of personal data protection. In this context, this article seeks to elucidate whether it is possible to adopt the path previously traced by European Court of Justice in the Case 131/12 Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja, in the Mexican legal system. To that end, this article focuses on the debate generated around the role of Internet intermediaries and the recognition of the right of personal data protection as a human right.
