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El presente artículo analiza el mecanismo procesal denominado en Costa Rica como amparo de legalidad, el cual fue creado jurisprudencialmente para tutelar el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. A partir de un estudio doctrinal y jurisprudencial, se examinan sus antecedentes, la evolución de su trámite en la jurisdicción contencioso-administrativa y los criterios establecidos por la Sala Constitucional y la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Se presta especial atención a la mora judicial que afecta la eficacia de este recurso, el cual, pese a haber sido concebido como un procedimiento sumario y expedito, suele prolongarse por varios años. Con base en evidencia empírica y casos seleccionados, se argumenta que tales demoras constituyen una violación del artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige la existencia de recursos sencillos y rápidos para la protección de los derechos fundamentales. Finalmente, se proponen criterios interpretativos y procesales orientados a dotar de mayor celeridad la tramitación del amparo de legalidad, en concordancia con las garantías constitucionales y los estándares interamericanos vigentes.
This article examines the procedural mechanism known in Costa Rica as amparo de legalidad, designed to safeguard the fundamental right to a prompt and concluded administrative procedure. Through a doctrinal and jurisprudential analysis, it traces the origins of this mechanism in constitutional case law, its subsequent development under the contentious-administrative jurisdiction, and the criteria established by the Constitutional Chamber and the Supreme Court. Particular attention is given to the judicial delays that undermine the effectiveness of this remedy, which, despite its intended simplicity and celerity, often extends over several years. Drawing on selected case studies and empirical evidence, the article argues that such delays constitute a violation of Article 25.1 of the American Convention on Human Rights, which requires the availability of simple and prompt judicial protection. Finally, it proposes interpretative and procedural criteria aimed at enhancing the efficiency of amparo de legalidad proceedings, aligning them with constitutional guarantees and interAmerican standards of judicial protection.
