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La localización de las cadenas de suministro de alimentos es una estrategia cada vez más reconocida para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en consonancia con los objetivos del enfoque “de la granja a la mesa”. En la contratación pública, especialmente en el sector alimentario, esto puede lograrse mediante requisitos de contenido local (LCRs, por sus siglas en inglés), que dan prioridad al abastecimiento de proveedores regionales. Los LCRs no solo apoyan la sostenibilidad ambiental al reducir las emisiones relacionadas con el transporte, sino que también contribuyen a objetivos socioeconómicos como el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y el empoderamiento de los pequeños productores.
Centrándose en propuestas legislativas recientes en Polonia, el artículo aplica una metodología jurídica comparada para evaluar si los LCRs obligatorios pueden ser compatibles con el derecho de la UE. La conclusión es que tales medidas pueden ser legales si su objetivo principal es ambiental y no proteccionista, y si cumplen con los requisitos de proporcionalidad y transparencia. Cuando se diseñan adecuadamente, los LCRs pueden funcionar como instrumentos legítimos de contratación pública ecológica, permitiendo que las instituciones públicas alineen las compras de alimentos con los objetivos climáticos y de sostenibilidad sin infringir las normas de competencia o comercio.
Localizing food supply chains is an increasingly recognized strategy for reducing greenhouse gas (GHG) emissions, aligning with the goals of the “farm-to-fork” approach. In public procurement, particularly within the food sector, this can be achieved through local content requirements (LCRs), which prioritize sourcing from regional suppliers. LCRs not only support environmental sustainability by reducing transport-related emissions, but also contribute to socioeconomic objectives such as rural development, food security, and the empowerment of small-scale producers.
Focusing on recent legislative proposals in Poland, the article applies a comparative legal methodology to assess whether mandatory LCRs can be compatible with EU law. The conclusion is that such measures may be lawful if their primary aim is environmental rather than protectionist, and if they meet proportionality and transparency requirements. When properly designed, LCRs can function as legitimate instruments of green public procurement, enabling public institutions to align food purchasing with climate and sustainability goals without breaching trade or competition rules.
