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Diego Ávila Silva
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano establece el derecho de las víctimas a presentar acusación particular, figura procesal que se rige por una serie de reglas para su aprobación y trámite. Esta institución impone varias determinaciones que obligan a la víctima a intervenir activamente en el proceso judicial, o que impiden el ejercicio de ciertas garantías por falta de su presentación. El estudio tuvo como objetivo analizar si la acusación particular es una institución procesal oportuna y si su aplicación causa perjuicios en los delitos de violencia sexual y de género, empleando una conceptualización de lo que conlleva la revictimización secundaria y un enfoque de género. Los hallazgos revelan que en la actualidad es una institución procesal ineficaz por el reconocimiento de la víctima como sujeto procesal, vulnera el derecho a no ser revictimizada al obligar a la víctima a estar presente en la audiencia de juicio, exponiéndola nuevamente a sufrir una reexposición a escuchar hechos lesivos que afectaron su integridad. Además, impide la posibilidad de elevar en consulta un dictamen abstentivo si no se presentó la acusación particular, restringiendo el acceso a un eficiente sistema de justicia.
The Ecuadorian Comprehensive Organic Criminal Code grants victims the right to file a private accusation, a procedural mechanism governed by a series of rules for its approval and processing. This legal institution imposes several requirements that compel the victim to actively participate in the judicial process or restrict the exercise of certain rights if the accusation is not filed. This study aimed to analyze whether the private accusation constitutes an appropriate procedural tool and whether its application causes harm in cases of sexual and gender-based violence, using a conceptual framework of secondary revictimization and a gender perspective. The findings reveal that, at present, it is an ineffective procedural mechanism. By recognizing the victim as a procedural subject, it infringes upon their right to avoid revictimization, requiring their presence at the trial hearing and exposing them again to the retraumatization of hearing harmful events that affected their integrity. Furthermore, it prevents the possibility of submitting an abstention ruling for review when no private accusation has been filed, thereby limiting access to an efficient justice system.
