La participación del público en las decisiones climáticas resulta clave en la tarea de control en el cumplimiento de las obligaciones de los Estados relacionadas con el cambio climático y constituye en sí misma una forma de conseguir justicia climática. Si los Estados no prevén mecanismos de participación climática o no son considerados los conocimientos locales, y especialmente los grupos vulnerables, puede generar deslegitimación y desconfianza respecto de las decisiones tomadas por la autoridad en torno al cambio climático y, en definitiva, dar origen a conflictos climáticos