Acceso usuarios
El presente artículo se encarga de determinar si la criminalización de los delitos económicos es legítima, en tanto hace un uso justificado de la institución social de la pena. De manera general, se responde a la cuestión de si es posible recurrir a la pena para hacer frente a conductas socialmente perturbadoras que tienen lugar en el ámbito de la economía. Para ello se tiene en cuenta una teoría realista de la criminalización. Luego se entra a discutir si la forma como se criminalizan los delitos económicos y las penas previstas para sus autores se corresponden con la función atribuida a la pena y las exigencias que imponen los principios penales de carácter garantista.
