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Tras más de cuatro años de aplicación de la Ley 8/2021, resulta procedente un análisis crítico de la guarda de hecho, institución que la reforma consolidó como medida de apoyo formal y no meramente temporal, siempre que resulte suficiente y adecuada para proteger los derechos de la persona con discapacidad. La norma ha reforzado su carácter jurídico, diferenciando modalidades asistenciales y representativas, con o sin necesidad de autorización judicial, y ha planteado problemas prácticos, como la acreditación frente a terceros y la proyección en negocios jurídicos conexos. La experiencia acumulada permite evaluar su operatividad real y el criterio jurisprudencial desarrollado, destacando casos en que la guarda de hecho es considerada suficiente y aquellos en los que se requiere transición a curatela, lo que ofrece una visión clara del alcance y los límites de esta institución en la práctica.
