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España sufrió, en los años posteriores a la aprobación del Código Penal de 1995, un intenso crecimiento de la población reclusa que alcanzó en 2010 una tasa de encarcelamiento de 166 personas encarceladas por 100.000 habitantes, una de las mayores de la Unión Europea. Desde entonces la población reclusa se ha ido reduciendo hasta quedar en 2022 en 116 personas encarceladas por 100.000 habitantes, una tasa que ya se acerca a la media de la UE en 2022 (113 personas por 100.000 personas encarceladas8). Sin embargo, como se advierte en la tabla 1, este proceso de reducción del número de personas encarceladas parece haberse detenido en 2022. A partir de este año no ha habido ulteriores descensos y en los dos últimos años (2024 y 2025) ha habido un importante aumento, que ha llevado la tasa de encarcelamiento a alcanzar las 124 personas encarceladas por 100.000 habitantes. Nos podemos preguntar, entonces, si estamos ante el inicio de un cambio de ciclo, que retome la senda expansionista padecida desde los inicios de la democracia.
