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La Ley catalana 11/2025 refuerza los instrumentos de intervención pública en el mercado residencial, en particular mediante la expansión del derecho de tanteo y retracto y la consolidación de la vivienda protegida permanente. Esta ampliación se sustenta, sin embargo, en un concepto de gran tenedor fragmentario y dependiente de definiciones estatales y autonómicas concurrentes. El trabajo analiza los déficits de técnica normativa asociados a esta indeterminación y su impacto en la seguridad jurídica y en la operatividad del tanteo y retracto. Se examina la reciente clarificación jurisprudencial y constitucional del concepto en Cataluña. Finalmente, se formulan propuestas de lege ferenda orientadas a reforzar la previsibilidad, las garantías y la eficacia del modelo.
