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Guillermo García González 
La salud mental laboral se ha convertido en un eje central del debate jurídico contemporáneo, impulsada por cambios en la organización del trabajo que han incrementado la presión temporal, cognitiva y emocional sobre los trabajadores. Aunque el marco normativo reconoce la salud mental como dimensión protegida del derecho a la seguridad y salud en el trabajo, su efectividad real continúa siendo limitada.Esta distancia entre reconocimiento jurídico y aplicación práctica se proyecta en tres ámbitos fundamentales. En el plano preventivo, la gestión de los riesgos psicosociales es todavía parcial y heterogénea, condicionada por inercias culturales, herramientas insuficientes y la ausencia de perfiles técnicos especializados. En el ámbito prestacional, la falta de inclusión de los trastornos mentales en el cuadro de enfermedades profesionales obliga a forzar su encaje en categorías diseñadas para riesgos físicos, lo que dificulta el reconocimiento de la causalidad laboral. Finalmente, los mecanismos de responsabilidad muestran una eficacia restringida, en gran medida debido a exigencias probatorias que no se ajustan a la naturaleza multifactorial de estas patologías.En este contexto, la salud mental laboral permanece en una fase de construcción jurídica. Su consolidación efectiva exige avances normativos, fortalecimiento técnico del sistema preventivo y una revisión de las categorías tradicionales del Derecho del Trabajo.
This gap between legal recognition and practical implementation manifests in three principal areas. At the preventive level, the management of psychosocial risks is still partial and heterogeneous, shaped by cultural inertia, insufficient methodological tools, and the lack of specialized technical expertise. At the benefits level, the exclusion of mental disorders from the official list of occupational diseases requires their forced accommodation within categories originally designed for physical risks, which complicates the recognition of work-related causation. Finally, liability mechanisms display limited effectiveness, largely due to evidentiary requirements that do not align with the multifactorial nature of these conditions.In this context, workplace mental health remains a legal category in the process of formation. Its effective consolidation requires regulatory development, the technical strengthening of the preventive system, and a conceptual reassessment of traditional legal categories within labour law.
