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Madrid, España
Se parte de la idea de que el camino hacia la neutralidad climática conllevará de forma inevitable la supresión de muchos empleos, así como la expulsión definitiva del mercado de trabajo de determinados trabajadores. Concretamente, los de edad madura y de escasa cualificación, a los que no podrá exigirse, ni tendrán la capacidad para ello, una recualificación profesional para la que carecen de una base mínima de conocimientos. En este contexto los sistemas de protección social pueden funcionar como acompañantes de las políticas de descarbonización, favoreciendo o desincentivando las decisiones empresariales. Para ello, el trabajo abordará, en concreto, la funcionalidad de la pensión de jubilación, en sus distintas modalidades, como salida digna para estos trabajadores. Al tiempo que analizará las distintas medidas de tutela pública que, en contextos de reestructuración o de reajustes de plantillas así como de crisis adversas de diversa índole, han sido puestas en práctica con el fin de evitar la desprotección y el olvido de quienes, afectados directamente por este tipo de decisiones empresariales, puedan correr el riesgo de quedar laboralmente apartados de sus exigencias por razón de edad y, a la vez, de un sistema de protección social no diseñado específicamente para hacer frente a las crisis empresariales.
The starting point is the idea that the path to climate neutrality will inevitably lead to the loss of many jobs, as well as the permanent exclusion of certain low-skilled, who cannot be expected to undergo professional retraining for which they lack the minimum knowledge base, nor do they have the capacity to do so. In this context, social protection systems can function as accompaniments to these policies, encouraging or discouraging business decisions. To this end, the paper will specifically address the functionality of retirement pensions, in their various forms, as a dignified exit for these workers. At the same time, it will analyse the various public protection measures that, in contexts of restructuring or workforce adjustments, as well as adverse crises of various kinds, have been implemented in order to prevent the vulnerability and neglect of those who, directly affected by these events, may have been excluded from their requirements on the grounds of age.
