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Henry Mark Vilca Apaza
, Lid Beatriz Gonzales Guerra, William Otazú Pinto, Goretti Pionia Becerra Mollo, Ányela Y. Flores Yapuchura
Los delitos de infracción de deber exigen que el sujeto activo del delito ostente una condición especial, el ser funcionario público. Sin embargo, en la praxis jurídica no siempre es fácil determinar quién tiene tal cualidad, especialmente cuando se trata de servidores con un vínculo poco convencional con el Estado. En ese marco, la investigación tiene por objeto analizar los presupuestos y alcances del concepto de funcionario público en el ámbito del derecho penal desde la doctrina y la jurisprudencia, especialmente en la figura del bombero, el locador de servicios, el practicante, el cadete de las FF.AA. y el estudiante miembro de Consejo Universitario. El estudio corresponde al enfoque cualitativo y diseño descriptivo-hermenéutico. La unidad de análisis estuvo conformada por sentencias del Tribunal Constitucional y Casaciones de la Corte Suprema del Perú. Como instrumento de recolección de datos se empleó la ficha de anotación. El análisis de datos siguió el camino hermenéutico y la triangulación. Se concluye que más allá del artículo 425 del Código Penal, la jurisprudencia ha establecido que el bombero, el locador de servicios, el estudiante miembro de CU y el practicante tienen calidad de servidor público, en mérito a que concurren los dos presupuestos, el título habilitante y el ejercicio efectivo de la función pública.
Crimes involving breach of duty require that the perpetrator hold a special status: that of a public official. However, in legal practice, determining who possesses this status is not always straightforward, especially when dealing with public servants who have an unconventional relationship with the State. Within this framework, this research aims to analyze the prerequisites and scope of the concept of public official in the field of criminal law, drawing on legal doctrine and jurisprudence, particularly in the context of firefighters, service providers, interns, military cadets, and student members of university councils. The study employs a qualitative approach and a descriptive-hermeneutic design. The unit of analysis consisted of rulings from the Constitutional Court and Supreme Court of Peru. Data was collected using a record sheet. The data analysis followed a hermeneutic approach and triangulation method. It is concluded that, beyond Article 425 of the Penal Code, jurisprudence has established that firefighters, service providers, university student members, and interns have the status of public servants, given that they meet both requirements: the required qualification and the effective exercise of public functions.
