Acceso usuarios
Carlos Galán Cordero
La Ley 10/2025, de 26 de diciembre, por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, no nace como una norma específicamente orientada a combatir la desinformación, las amenazas híbridas o la injerencia extranjera. Sin embargo, un análisis sistemático y funcional revela que introduce un conjunto relevante de obligaciones que refuerzan la transparencia, la trazabilidad de la información y la responsabilidad empresarial en sectores críticos para el funcionamiento social y económico.El presente trabajo examina cómo dichas obligaciones —especialmente las relativas a la comunicación de incidencias, la gestión de la información dirigida a las personas consumidoras, la regulación de reseñas y la transparencia en procesos automatizados—inciden directa e indirectamente en la prevención de dinámicas de manipulación informativa. Asimismo, se analiza su contribución al fortalecimiento de la resiliencia informativa frente a escenarios propios de las amenazas híbridas contemporáneas, caracterizadas por la convergencia entre lo informativo, lo tecnológico y lo psicológico. El artículo concluye que, aun sin constituir una norma de seguridad o defensa, la Ley 10/2025 configura un instrumento relevante de infraestructura normativa de confianza, especialmente en sectores estratégicos, con efectos sistémicos en la protección del espacio informativo y en la estabilidad democrática.
