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Fernando Javier Cremades López de Teruel
La digitalización de la Justicia está produciendo una alteración silenciosa de las garantías procesales esenciales. La supresión de la firma del letrado de la administración de justicia en los autos convierte resoluciones judiciales en actos potencialmente nulos y despoja al expediente judicial electrónico de su carácter público y fehaciente. No se trata de una cuestión técnica, sino de una erosión silenciosa de la seguridad jurídica y de las garantías del artículo 24 de la Constitución, normalizada por la inercia de los sistemas informáticos, y de quienes los controlan.
