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Jonás Gámez Bakkali
La Directiva 2024/1760 (CS3D) redefine de una forma destacada la responsabilidad empresarial en las cadenas de actividad (CDA), instaurando obligaciones de diligencia debida inéditas en el contexto europeo con efecto global.
El presente artículo académico analiza cómo la CS3D, al integrarse con la contratación pública socialmente responsable (CPSR), convierte a los poderes adjudicadores en actores estratégicos para la vigilancia, prevención y sanción de vulneraciones laborales a lo largo de la cadena de suministro, con destacados efectos incluso fuera de la Unión Europea, integrando las herramientas que otorga la nueva norma como método.
Frente a la insuficiencia de la Directiva 2014/24 y la Ley 9/2017 para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos laborales globales, la CS3D dota de herramientas jurídicas vinculantes y mecanismos de control robustos, aunque no exentos de grandes limitaciones y riesgos de desregulación futura, incluyendo retrocesos regulatorios palmarios en su desarrollo normativo.
En consecuencia, el estudio desvela, sin ánimo de exhaustividad, tanto el potencial transformador de esta Directiva, como las carencias normativas del nuevo marco, proponiendo una agenda de reformas para consolidar una contratación pública verdaderamente garante de los derechos laborales en la economía global.
