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María José Estrada Margareto
En el presente artículo abordaremos el estudio de la recientemente aprobada Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas en Canarias. Para este estudio, analizaremos las razones imperiosas de interés general que le dan causa, especialmente, el derecho a la vivienda, el cual se ha visto mermado en los últimos tiempos ante el cambio del uso de las viviendas, transitando de un uso residencial a turístico. Además, se tendrá en cuenta el régimen particular existente en el territorio canario, basado en la especialización del uso del suelo, y cómo el legislador autonómico deberá lidiar con el abuso de derecho y el fraude de ley ante esta casuística.
A su vez, se analizará si los requisitos y las prohibiciones impuestas en esta nueva ley vulneran o no las libertades económicas que rigen en nuestro ordenamiento jurídico. Para ello, se pondrá especial énfasis en analizar si el contenido de esta Ley limita o no la libre prestación de servicios y, si así fuera, si dicha limitación es conforme a Derecho. Para este cometido, se realizarán las pertinentes referencias al Informe emitido el 28 de enero de 2025 por el Pleno de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en relación al Anteproyecto de esta Ley, junto con el voto particular a dicho Informe del Pleno.
This paper will examine the recently approved Law on Sustainable Planning of Tourist Use of Housing in the Canary Islands. For this study, we will analyze the compelling reasons of general interest that justify it, especially the right to housing, which has been diminished in recent times due to the shift in housing use from residential to touristic. Furthermore, we will consider the specific legal framework in the Canary Islands, based on specialized use of the land, and how the regional legislator will have to address the abuse of rights and legal fraud cases in this particular context.
We will also analyze whether the requirements and prohibitions imposed by this new law infringe upon the economic freedoms that govern our legal system. To this end, we will place particular emphasis on analyzing whether the content of this Law constricts the free provision of services and, in that case, if such limitation is lawful. For this purpose, relevant references will be made to the Report issued on January the 28th of 2025 by the Plenary of the National Commission of Markets and Competition in relation to the Preliminary Draft of this Law, together with the dissenting opinion to said Report of the Plenary.
