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Temuco, Chile
Este artículo plantea que el empleado a contrata es objeto de discriminación en el sistema de función pública y, consecuencialmente, insta por una reforma legal que le otorgue estabilidad en el trabajo. Para tal efecto, la investigación se divide en tres partes. La primera examina la evolución histórica-jurídica del régimen estatutario que gobierna al empleado a contrata. Se destaca y discute la permanente intención del legislador chileno de excluirlo de la carrera funcionaria al establecer su vínculo con la Administración en forma transitoria. La segunda parte del estudio efectúa un análisis crítico de la jurisprudencia administrativa y judicial de la confianza legítima del empleado a contrata. El estudio identifica los principales criterios propuestos por la Contraloría General y la Corte Suprema, cuestionando, los alcances de la reciente doctrina recaída en la materia. La tercera y última parte analiza un proyecto de ley en tramitación que consagra positivamente el principio de protección de la confianza legítima para los trabajadores a contrata.
This article states that the contract employee is subject to discrimination in the public service system and, consequently, urges a legal reform that grants him stability at work. To this end, the research is divided into three parts. The first examines the historical-legal evolution of the statutory regime that governs the contract employee. The permanent intention of the Chilean legislator to exclude him from the civil service career by establishing his link with the Administration on a temporary basis is highlighted and discussed. The second part of the study carries out a critical analysis of the administrative and judicial jurisprudence of the legitimate expectation of the contract employee. The study identifies the main criteria proposed by the Office of the Comptroller General and the Supreme Court, questioning the scope of the recent doctrine on the matter. The third and final part analyses a bill in the pipeline that positively enshrines the principle of protection of legitimate expectations for contract workers.
