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La explotación comercial de los recursos minerales de la Zona Internacional de los Fondos Marinos (minería submarina)representa un desafío jurídico, ambiental y político sin precedentes para la comunidad inter-nacional. Conforme a lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Zona y sus recursos son patrimonio común de la humanidad, principio que impone un régimen jurídico singular basado en la equidad, la solidaridad internacional y la sostenibilidad ambiental. En virtud de dicho régimen, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos tiene el mandato exclusivo de organizar, controlar y regular las actividades de exploración y explotación de los recursos minerales de la Zona, garantizando que tales actividades se realicen en beneficio de toda la humanidad, con especial atención a los intereses y necesidades de los Estados en desa-rrollo. Este mandato implica, además, la obligación de asegurar la protección efectiva del medio marino, en con-sonancia con los principios de precaución, prevención y desarrollo sostenible, de modo que la utilización de los recursos no comprometa los derechos ni el bienestar de las generaciones futuras. En este estudio se analizan las principales cuestiones técnicas y jurídicas del proceso de elaboración del régimen de explotación, ofreciendo una visión general del estado actual de las negociaciones, con énfasis en los aspectos que aún carecen de consenso. Asimismo, se abordan los principales desafíos derivados de la actual incertidumbre normativa, a saber: i) la inter-pretación de la denominada “cláusula de los dos años”; ii) la situación jurídica de los contratos de exploración; y iii) la aplicación de una pausa precautoria o moratoria. Finalmente, se examinarán las implicaciones de la minería submarina unilateral promovida por la Administración Trump desde la perspectiva de la naturaleza jurídica del principio de patrimonio común de la humanidad.
