Acceso usuarios
Paula Vázquez Cintrano, David López Ruiz
El presente trabajo de investigación analiza las dificultades que enfrentan los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) al solicitar esta prestación mediante medios tecnológicos, empleando un enfoque cuantitativo descriptivo. En colaboración con la Asociación Cruz Roja de la Región de Murcia, se diseñó y aplicó un cuestionario a 120 residentes de esta comunidad autónoma. Los resultados revelan un panorama complejo donde la brecha digital se manifiesta no tanto en el acceso físico a dispositivos tecnológicos, sino principalmente en las competencias necesarias para su utilización eficaz en contextos administrativos.
Significativamente, los participantes demuestran tener acceso suficiente a recursos tecnológicos, desmitificando la idea de que la barrera principal sea la carencia material. No obstante, el estudio identifica tres obstáculos fundamentales: competencias digitales muy básicas que resultan insuficientes para navegación administrativa compleja, información inadecuada o escasa sobre los procedimientos específicos para solicitar el IMV, y ausencia de programas formativos adaptados a las necesidades de este colectivo.
La dimensión emocional emerge como un factor determinante, manifestándose en sentimientos de inseguridad, frustración y desconfianza hacia los sistemas digitales, lo que genera resistencia hacia su utilización. Estos hallazgos evidencian la existencia de una brecha digital que, si bien no se fundamenta en la carencia de recursos materiales, representa un factor adicional de exclusión social para este colectivo vulnerable, dificultando su acceso efectivo a derechos sociales básicos y perpetuando así ciclos de marginación.
The digitalization of social benefits poses challenges for vulnerable populations, especially when access to basic rights depends on digital competencies. This study analyzes the difficulties faced by Minimum Living Income (MLI) recipients in the Region of Murcia when managing this benefit through digital platforms. In collaboration with the Red Cross Association, a questionnaire was designed and administered to 120 participants, using a cross-sectional descriptive quantitative approach. The results reveal a complex scenario while 93.8% of participants have Internet access, 84.4% did not receive prior information about the MLI digital procedures and 71.9% consider their fluency with state platforms to be poor. The digital divide manifests primarily in three dimensions: deficiencies in basic digital competencies, absence of specific training for administrative procedures, and high emotional cost expressed in insecurity and frustration when facing complex digital systems. These findings demonstrate that the digital divide in this population is not based on lack of devices, but rather on the absence of skills and training support, constituting an additional exclusion factor that hinders effective access to basic social rights.
