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La trata de personas, en tanto manifestación persistente de violencia estructural, interpela de forma crítica la capacidad del Estado peruano para garantizar derechos fundamentales en contextos marcados por desigualdades profundas y fragilidad institucional. El presente artículo propone una agenda jurídico-institucional transformadora orientada a la prevención, sanción y erradicación efectiva del delito, a partir de un diagnóstico crítico que evidencia una triple disfuncionalidad en la respuesta estatal: ambigüedades normativas que limitan la eficacia del tipo penal, deficiencias operativas en los sistemas de prevención y atención, e insuficiencia estructural en los mecanismos de coordinación interinstitucional. Los hallazgos muestran que, lejos de constituir un problema exclusivamente jurídico, la trata se mantiene en parte por la vigencia de un “penalismo simbólico” que oculta, tras una retórica punitiva, la inacción frente a las condiciones materiales que sostienen la explotación. A partir de estos hallazgos, se delinean tres ejes estratégicos para una intervención estatal más coherente: la especialización funcional de las instituciones competentes, el desarrollo de sistemas interoperables de información pública y la implementación de un enfoque preventivo centrado en la reducción de vulnerabilidades estructurales.
