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Tarragona, España
Objetivos: examinar la eficacia de la Ley de Bienestar Animal en relación con las necesidades reglamentarias y presupuestarias, especialmente en el ámbito local. Metodología: se estructura en tres ejes. El primero aborda el análisis competencial y la naturaleza «básica» de la norma, así como la carencia de previsión reglamentaria; el segundo estudia el límite espacial de la potestad sancionadora de los entes locales y la problemática de las normas sancionadoras en blanco. El tercero analiza la insuficiente previsión presupuestaria a través de los datos sobre financiación local como la subvención para la gestión de colonias felinas. Resultados: el primer eje concluye en un exceso normativo que evidencia el riesgo de inoperancia en diversos ámbitos de la ley por la falta de desarrollo reglamentario. El segundo eje revela que las limitaciones sancionadoras y la falta de reglamentación pueden eliminar el efecto preventivo y disuasorio del derecho ambiental sancionador. El tercer eje, el análisis de las convocatorias de subvenciones muestra que, al financiarse apenas el 6% de las propuestas, se dificulta la asunción de competencias y se desincentiva la solicitud de ayudas. Conclusiones: estos aspectos exponen una norma que, aunque necesaria y bienintencionada, resulta disfuncional en varios de sus ámbitos fundamentales.
Objectives: To examine the effectiveness of the Animal Welfare Law in relation to regulatory and budgetary requirements, with a focus on the local level. Methodology: The analysis is structured around three axes. First addresses the distribution of competences and the «basic» nature of the law, as well as the lack of regulatory provisions. The second studies the legal limits of local entities’ sanctioning powers and the issue of blank sanctioning provisions. The third analyses the insufficiency of budgetary provisions through data on local funding, such as subsidies for the management of feline colonies. Results: The first axis concludes that there is an excessive regulatory framework, highlighting the risk of ineffectiveness in various areas of the law due to the absence of regulatory development. Second axis reveals that limitations on sanctioning powers and lack of regulation may undermine the preventive and deterrent effects of environmental sanctioning law. Third axis, based on the analysis of subsidy calls, shows that, with only 6% of proposals being funded, the assumption of competences is hindered, and the application for financial aid is discouraged. Conclusions: These aspects reveal a law that, despite being necessary and well-intentioned, proves dysfunctional in several of its fundamental areas.
