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Iván Martín Gómez
En la transposición a nuestro derecho de la mencionada Directiva, el legislador patrio logra cumplir la finalidad de la norma europea a través de la Ley 16/2022 aunque solo parcialmente, ya que se han suscitado polémicas de importante afección en el derecho concursal estatal en varias cuestiones.
A partir de estos ejes, aspira no solo a identificar las peculiaridades locales y el grado de cumplimiento normativo, sino también a describir problemas comunes que dificultan la integración real y a proponer soluciones prácticas orientadas a mejorar la salud laboral de los empleados públicos. Siempre bajo la firme convicción de que el fortalecimiento de la cultura preventiva redunda en el bienestar de los empleados y, por extensión, contribuye en la mejora de la calidad de los servicios públicos prestados al conjunto de la ciudadanía.
Uno de los aspectos menos pacífico y que sin duda va a continuar generando resoluciones y opiniones doctrinales confrontadas es la protección con la que el legislador ha provisto al crédito público en comparación con otro tipo de créditos.
A lo largo de este trabajo se ahonda en los diversos criterios que han adoptado juzgadores y otros operadores jurídicos respecto de los créditos que se incluyen en este amplio concepto y en las características que determinan su consideración como crédito excluido de la exoneración.
Se plantea finalmente una propuesta de investigación de las situaciones en las que, a pesar de la honestidad, buena fe y diligencia del deudor en las operaciones que realiza en general, y en particular con los poderes públicos, puede verse afectado y perjudicado por los retrasos en los pagos que ha de percibir de los poderes adjudicadores, siendo esta una de las causas que contribuya a su situación de insolvencia
European Directive 2019/1023 marks a milestone in insolvency law in force until its entry into force, as it advocates a conceptual change in the dis-charge of unpaid liabilities: it is no longer a benefit but becomes a right of the debtor.
Similarly, full exemption from the debtor’s debts is configured as a minimum option that every debtor must be able to avail themselves of at least once in their lifetime, provided that they are an honest debtor.
In transposing the afore mentioned Directive into our law, the national leg-islator only partially achieved the purpose of the European regulation through Law 16/2022, as controversies have arisen that significantly affect state insolvency law on several issues.
One of the most contentious aspects, which will undoubtedly continue to gen-erate conflicting rulings and doctrinal opinions, is the protection that the legislator has provided for public credit in comparison with other types of credit.
This paper delves into the various criteria adopted by judges and other legal practitioners with regard to the credits included in this broad concept and the characteristics that determine their consideration as credits excluded from exemption.
Finally, a proposal is put forward to investigate situations in which, despite the debtor’s honesty, good faith and diligence in the transactions they carry out in general and in particular with public authorities, they may be affected and harmed by delays in payments they are due to receive from contracting authorities, this being one of the causes contributing to their insolvency
