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Históricamente, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a determinados sectores de la población, el legislador español ha establecido diversos beneficios fiscales en favor de la adquisición de viviendas de protección oficial ("VPO"). Aunque el desarrollo de la política de vivienda en España en el ámbito tributario se ha articulado tradicionalmente mediante la implementación de beneficios fiscales en el ámbito de los impuestos directos, los beneficios fiscales asociados a la vivienda protegida han adquirido particular relevancia en el ámbito de la imposición indirecta. En este sentido, destaca especialmente la aplicación del tipo reducido del 4 % en el Impuesto sobre el Valor Añadido ("IVA") a la adquisición de determinados tipos de VPO.
Sin embargo, la progresiva cesión de competencias a las Comunidades Autónomas en materia de vivienda y la falta de actualización de la normativa estatal reguladora de la vivienda protegida han generado un marco de incertidumbre jurídica en la aplicación de este tipo reducido. Esta situación supone un riesgo significativo tanto para promotores como para adquirentes, quienes pueden enfrentarse a liquidaciones complementarias por aplicación indebida del beneficio fiscal, debido a la ausencia de criterios normativos claros y objetivos.
El presente artículo analiza en profundidad la redacción y alcance del artículo 91.Dos.1.6.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido ("LIVA"), así como la doctrina administrativa y la jurisprudencia aplicables a este precepto y a otras disposiciones conexas. En particular, se examina la problemática derivada de la equiparabilidad de las viviendas protegidas en un contexto normativo desactualizado y fragmentado. Finalmente, se plantean algunas soluciones normativas y doctrinales orientadas a reforzar la seguridad jurídica en la aplicación del tipo reducido del 4 % en el IVA.
Esta cuestión adquiere especial relevancia en el contexto actual de crisis habitacional, caracterizado por un incremento continuado y exponencial de los precios tanto del alquiler como de la compraventa, lo que refuerza la necesidad de contar con un marco normativo claro y eficaz que garantice el acceso a la vivienda en condiciones asequibles.
