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Raquel Gallego de Paz
El derecho y el mundo jurídico en general, avanza lentamente detrás de la sociedad y de sus constantes y dinámicos cambios, intentando cubrir sus necesidades y solucionar sus problemas. En el ámbito del derecho penal nuestro sistema jurídico es exquisitamente garantista con las prevenciones procesales y los derechos de los acusados, sin embargo, se cumple ahora una década de la publicación del Estatuto de la Víctima del delito y de un cambio de paradigma. Con esta norma, el legislador amplió su campo de visión y reconoció la necesidad de proteger a las víctimas y en especial a los más vulnerables, como son los menores, las personas con discapacidad y las mujeres ante la violencia de género. Hizo que el legislador cambiara su foco de atención, reconociendo sus necesidades de protección individualizadas, llevando a las víctimas a ser reubicadas como protagonistas del proceso y no como meros testigos o actores en papeles secundarios. Este artículo pretende analizar la última década, en la que se ha implementado ese cambio en la política criminal y valorar los logros alcanzados por esta nueva respuesta del Estado ante el delito. Este paso al frente del legislador busca dar a la figura de la víctima el peso que merece en el proceso y en el derecho positivo. De esta manera, el éxito de la justicia penal deja de medirse únicamente en función del delito y su autor, para considerar también los derechos y la protección de las víctimas, reconociendo ambos objetivos como fundamentales.
