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Málaga, España
El presente artículo analiza la evolución de la política criminal española como respuesta a la “amenaza híbrida nuclear”, un desafío estratégico que desdibuja las fronteras entre la paz y la guerra mediante el uso de la “zona gris” y vectores como los ciberataques. La hipótesis central es que, para hacer frente a este riesgo de naturaleza existencial, el Estado español ha configurado un modelo de seguridad que se aproxima a la lógica del “Derecho penal del enemigo”. A través del estudio de la arquitectura legislativa y la ejecución penitenciaria, se examina cómo esta política criminal se materializa en un marcado adelantamiento de la punibilidad y en un régimen de excepción que prioriza la neutralización del sujeto peligroso sobre el fin resocializador. El análisis demuestra que este paradigma, si bien busca una prevención eficaz, genera profundas tensiones con los principios de proporcionalidad y las garantías del Estado de Derecho. Como conclusión, se proponen una serie de reformas para reconducir la respuesta estatal hacia un modelo más racional e integral.
This article analyzes the evolution of Spanish criminal policy in response to the “hybrid nuclear threat,” a strategic challenge that blurs the lines between peace and war through the use of the “gray zone” and vectors such as cyberattacks. The central hypothesis is that, to address this existential risk, the Spanish state has developed a security model that aligns with the logic of the “criminal law of the enemy.” Through the study of the legislative architecture and penitentiary execution, this paper examines how this criminal policy materializes in a significant anticipatory penal logic and an exceptional regime that prioritizesthe pre-emptive incapacitation of high-risk subjects over resocialization. The analysis demonstrates that this paradigm, while seeking effective prevention, creates profound tensions with the principles of proportionality and the guarantees of a State under the rule of law. In conclusion, a series of reforms are proposed to steer the state’s response towards a more rational and comprehensive model.
