Acceso usuarios
El presente artículo tiene como objetivo analizar las principales restricciones socioculturales y económicas que dificultan el acceso efectivo a la justicia en el Perú, con especial énfasis en las zonas rurales y en los sectores en situación de pobreza extrema durante el año 2025. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño descriptivo y un alcance analítico, empleando como método principal la revisión documental. Se recopilaron y analizaron informes oficiales emitidos por instituciones estatales como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), además de normativa legal vigente relacionada con justicia intercultural, digitalización judicial y acceso ciudadano. También se integraron datos estadísticos sobre cobertura territorial, tiempos de atención, disponibilidad de servicios de defensa pública y uso de plataformas virtuales, así como literatura académica especializada. Los hallazgos revelan que los principales obstáculos están relacionados con los altos costos procesales, los gastos de traslado hacia sedes judiciales y el limitado presupuesto institucional. Asimismo, se identifican barreras socioculturales como la brecha digital, las diferencias idiomáticas y el escaso conocimiento de mecanismos de justicia intercultural, factores que refuerzan un patrón de exclusión jurídica. En conclusión, el estudio plantea que para garantizar un acceso real y equitativo a la justicia se requieren políticas públicas integrales, culturalmente pertinentes y basadas en evidencia estadística, que aborden las desigualdades territoriales, económicas y sociales que afectan a los sectores más vulnerables del país.
This article aims to analyze the main socio-cultural and economic restrictions that hinder effective access to justice in Peru, with a particular focus on rural areas and populations living in extreme poverty during the year 2025. The research adopts a qualitative approach with a descriptive design and analytical scope, relying primarily on documentary review. Official reports issued by state institutions such as the Ministry of Justice and Human Rights, the Judiciary, the Ombudsman’s Office, and the National Institute of Statistics and Informatics (INEI) were examined, along with current legal frameworks related to intercultural justice, judicial digitalization, and citizen access. The study also incorporates statistical data regarding territorial coverage, response times, availability of public defense services, and the use of virtual judicial platforms, as well as specialized academic literature. Findings indicate that key barriers include high procedural costs, travel expenses to judicial offices, and chronic underfunding of the justice system. In addition, socio-cultural obstacles—such as the digital divide, linguistic differences, and limited awareness of intercultural justice mechanisms—reinforce a pattern of systemic exclusion. The study concludes that ensuring real and equitable access to justice requires integrated public policies that are culturally relevant and grounded in statistical evidence, addressing territorial, economic, and social inequalities affecting the country’s most vulnerable populations.
