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Este artículo analiza la viabilidad jurídica del reconocimiento del subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, así como la asignación económica por cumplir 25 o 30 años de servicios, en favor de los docentes ordinarios de universidades públicas en el Perú, durante el periodo comprendido entre la derogación de la Ley Universitaria N.° 23733 y la entrada en vigencia efectiva de la Ley N.° 30220, en el que no existía una norma expresa que reconociera tales derechos. Actualmente, muchas universidades niegan estas solicitudes basándose en el principio de legalidad. Sin embargo, a partir del análisis de normas constitucionales, reglamentos administrativos y jurisprudencia relevante, se plantea que existen fundamentos jurídicos suficientes para amparar tales beneficios. Este trabajo demuestra que la omisión normativa no elimina derechos ya generados, especialmente cuando estos tienen respaldo en principios constitucionales laborales y en la aplicación supletoria de normas vigentes del régimen público general. Este artículo, tiene como objetivo recopilar y comprender información teórica y jurisprudencial relacionada con el problema de investigación, centrado en el reconocimiento de un derecho generado durante la vigencia de una Ley. La investigación es cualitativo de tipo dogmático jurídico. Concluyendo como solución al vacío normativo debe ser interpretativa, no restrictiva, aplicando los principios constitucionales de irrenunciabilidad, protección y progresividad de los derechos laborales.
This article analyzes the legal feasibility of recognizing the subsidy for death and burial expenses, as well as the economic bonus for completing 25 or 30 years of service, for tenured professors at public universities in Peru during the period between the repeal of University Law No. 23733 and the effective entry into force of Law No. 30220, when no express regulation existed to grant such benefits. Currently, universities deny these requests invoking the principle of legality. However, based on the analysis of constitutional principles, administrative regulations, and relevant case law, it is argued that there are sufficient legal grounds to support the granting of these rights. This work shows that normative omission does not eliminate already accrued rights, particularly when they are supported by constitutional labor principles and the supplementary application of current regulations of the general public regime.
