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En los últimos años, el Tribunal Constitucional del Perú ha desarrollado una línea jurisprudencial a través de la declaración del estado de cosas inconstitucional (ECI), figura utilizada cuando se constata una vulneración sistemática y estructural de derechos fundamentales. Uno de los casos más relevantes en este ámbito está vinculado al derecho a la educación, en el cual el Tribunal reconoció que las personas en situación de extrema pobreza en zonas rurales no accedían efectivamente al sistema educativo. Ante esta realidad, dispuso que las entidades competentes del Estado implementen medidas orientadas a garantizar la disponibilidad, accesibilidad y continuidad del servicio educativo para dicho sector poblacional. Este artículo, tiene como objetivo recopilar y comprender información teórica y jurisprudencial relacionada con el problema de investigación, centrado en la figura del estado de cosas inconstitucional (ECI) y su aplicación al derecho a la educación. al respecto, emplea el enfoque cualitativo, la técnica del análisis documental y el análisis de contenido. Entre los principales hallazgos se identificó que: (a) la declaración del ECI constituye una herramienta jurisprudencial idónea para abordar situaciones de vulneración masiva y prolongada de derechos sociales como la salud, la educación o el trabajo; (b) estas sentencias cumplen una función exhortativa, orientada a exigir a los poderes públicos el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales; y (c) el Tribunal Constitucional asume un rol activo en la supervisión del cumplimiento de sus fallos, consolidándose como un actor institucional que incide directamente en el diseño y corrección de políticas públicas en materia de derechos fundamentales.
In recent years, the Constitutional Court of Peru has developed a line of jurisprudence through the declaration of a state of unconstitutional affairs (ECI), a mechanism used when there is evidence of systematic and structural violations of fundamental rights. One of the most significant cases in this area is related to the right to education, in which the Court recognized that individuals living in extreme poverty in rural areas did not have effective access to the educational system. In response to this reality, it ordered the competent State entities to implement measures aimed at guaranteeing the availability, accessibility, and continuity of educational services for this segment of the population. This article adopts a qualitative approach and uses document analysis and content analysis as its primary methods. Among the main findings, it was identified that: (a) the declaration of an ECI constitutes a suitable jurisprudential tool to address widespread and prolonged violations of social rights such as health, education, or labor; (b) such rulings serve an exhortative function, aimed at demanding that public authorities fulfill their constitutional and legal obligations; and (c) the Constitutional Court assumes an active role in monitoring the enforcement of its decisions, consolidating itself as an institutional actor that directly influences the design and correction of public policies concerning fundamental rights.
