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Marta Eliza Coronado Collado
Este artículo sostiene que la opacidad en la ejecución presupuestaria guatemalteca no es un accidente administrativo, sino un problema estructural derivado de la ausencia de trazabilidad técnica. Desde el marco del derecho presupuestario (Legalidad, unidad, universalidad, publicidad y equilibrio) y a partir de experiencias comparadas (Estonia, Chile, Brasil y Colombia), se argumenta que la tecnología blockchain en red permisionada con consenso PBFT y validadores interinstitucionales, permite asegurar integridad, inmutabilidad y verificación en tiempo real de las transacciones públicas. Se propone un módulo de presupuesto en Blockchain (MPB) interoperable con SICOIN y Guatecompras, acompañado de reformas legales puntuales (Ley Orgánica del Presupuesto, Ley de Contrataciones, Ley de acceso a la información pública), lineamientos de gobernanza y salvaguardas de privacidad. El trabajo central es sencillo y normativo: donde no hay huella no hay control, y donde no hay control hay corrupción; por ello, la trazabilidad digital constituye una condición de legitimidad democrática del gasto.
This article argues that opacity in Guatemala’s budget execution is not an administrative mishap but a structural deficiency stemming from the lack of technical traceability. Building on core principles of budget law (legality, unity, universality, publicity and balance) and comparative evidence (Estonia, Chile, Brazil and Colombia), it posits that permissioned blockchain PBFT consensus and inter-institutional validators can ensure integrity, immutability and real-time verification of public spending. We propose a Budget Blockchain Module (BBM) interoperable with SICOIN and Guatecompras, paired with targeted legal reforms (Organic Budget Law, Public Procurement Law, Access to Information Law), governance guidelises and privacy safeguards. The central normative claim is straightforward: where there is no trace, there in no control; and where there is no control, corruption follows. Therefore, digital traceability is a necessary condition for the democratic legitimacy of public expenditure.
