Han transcurrido dos años desde la publicación en Diario LA LEY de mi estudio sobre los efectos jurídicos del fallecimiento intrauterino a raíz de las reformas registrales —Ley 20/2011 del Registro Civil, Orden JUS/876/2023, de 21 de julio, e Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 31 de julio de 2023— («Un nombre para los hijos que nacen sin vida», Diario LA LEY, 7 de septiembre de 2023, n.o 10343). En este tiempo se ha agotado el plazo legal para solicitar el traslado del antiguo modelo 9 —ubicado en el antiguo «legajo de abortos»— al nuevo archivo del Registro Civil, se han podido evaluar los resultados de su aplicación práctica, y el Tribunal Supremo ha introducido nuevos criterios que han modificado la dirección de la jurisprudencia. La confluencia de estos elementos hace oportuna una actualización de aquel estudio.