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El presente trabajo tiene por objeto analizar la doctrina administrativa y jurisprudencial de mayor relevancia e interés en lo relativo a la amplia gama de acciones administrativas y judiciales a ejercitar por una Entidad Local en los supuestos en que ésta adopta una posición «activa» para su interposición. Particularmente, en lo referente a los dos requisitos legalmente exigibles para su correcto ejercicio: el dictamen jurídico y el acuerdo del órgano competente para impugnar o litigar. Y, ello, con la pretensión de aportar una pequeña «guía práctica» de actuación al respecto para los operadores locales. Especialmente respecto a aquellos sobre los que recae la responsabilidad principal para su correcta articulación y entablamiento: secretarios de Administración Local, asesores jurídicos y letrados públicos o privados.
