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Este artículo analiza la necesidad de replantear la ejecución penitenciaria española ante la crisis emergente de opioides sintéticos, especialmente el fentanilo. El modelo tradicional, basado en la abstinencia, se muestra insuficiente y contraproducente, generando efectos desocializadores y elevadas tasas de reincidencia. Se propone un enfoque integral que combine salud pública, flexibilidad jurídica y justicia restaurativa, orientado a garantizar el mandato constitucional de reinserción social. Las principales líneas de acción incluyen: prevención de sobredosis mediante distribución proactiva de naloxona y análisis de sustancias; flexibilización normativa a través del artículo 100.2 RP para externalizar tratamientos sin exigir abstinencia previa; transición gradual a regímenes abiertos y libertad condicional como fases clínicas necesarias; incorporación de justicia restaurativa y perspectiva interseccional para atender vulnerabilidades específicas (mujeres, LGTBIQ+, discapacidad, población extranjera). Este modelo busca reducir la reincidencia, proteger la vida y mejorar la ejecución penal, alineando la gestión penitenciaria con la evidencia científica, los valores constitucionales y los derechos humanos.
