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La STS —2ª— 1000/2025, de 9 de diciembre, de 238 páginas, recaída en la Causa Especial núm. 20557/2024, condenó al fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz, «como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular pero con exclusión de las restantes. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales. Le absolvemos del resto de los delitos objeto de la acusación. Los objetos intervenidos en los registros practicados se devolverán a sus titulares y, en su caso, se destruirán, conforme a las previsiones legales». Se une a la sentencia el voto particular absolutorio. En el presente estudio el autor analiza dicha sentencia y, en general, lo que puede conocerse como el caso García Ortiz, el fiscal general convicto.
