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La coexistencia de procesos de divorcio y procedimientos paralelos —como medidas provisionales o acciones de protección— puede generar duplicidades que retrasan decisiones esenciales para los hijos. El interés superior del menor exige coordinación judicial, evitar resoluciones contradictorias y priorizar la protección frente al formalismo procesal. La actuación unificada y ágil de los órganos judiciales es clave para garantizar estabilidad, seguridad y bienestar durante la ruptura familiar.
