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Jorge L. Rodríguez
Tradicionalmente se ha considerado que el razonamiento jurídico que pretende mostrar que una decisión o una pretensión están justificadas de acuerdo con el derecho vigente puede ser reconstruido como una inferencia lógica en la que, sobre la base de dos tipos de premisas – normativas y fácticas – se llega a una conclusión que afirma que ciertas consecuencias jurídicas son aplicables a un caso particular. Esa idea básica ha sido controvertida desde distintos puntos de vista. En este trabajo solo se consideraran dos tipos de críticas: una de ellas vinculada a la propia estructura del razonamiento judicial, que indicaría que, como las normas jurídicas solo regulan casos normales y no aquellos en los que produciría un resultado demasiado injusto, la determinación de si cualquier norma es aplicable a cualquier caso requeriría de una evaluación moral. En segundo lugar, y aunque la observación anterior no permita mostrar una conexión necesaria entre el razonamiento jurídico y el razonamiento moral, parece indudable que tomando en cuenta un sentido fuerte de justificación que requiera partir de premisas justificadas, la evaluación de la corrección de la premisa normativa del razonamiento judicial puede remitir a una evaluación moral. Lo que en tal caso habría que determinar es si, como algunos teóricos suponen, una evaluación semejante exige comprometerse con alguna forma de objetivismo moral.
Traditionally, it has been claimed that legal reasoning purporting to show that a legal decision is justified in accordance with the existing law can be reconstructed as a logical inference in which, on the basis of two types of premises -normative and factual- a conclusion can be derived that states that certain legal consequences are applicable to a particular case. This basic idea has been disputed from different points of view. In this paper only two types of criticism will be considered: the first linked to the very structure of judicial reasoning, which would indicate that, since legal norms only regulate normal cases and not those in which they would produce unjust results, the determination whether any rule is applicable to any case would require a moral evaluation. Secondly, and though the previous observation does not establish a necessary connection between legal reasoning and moral reasoning, it seems unquestionable that in a strong sense of justification that requires starting from justified premises, the evaluation of the correctness of the normative premise in judicial reasoning can refer to a moral evaluation. What in such a case would have to be determined is whether, as some theorists assume, that evaluation requires commitment to some form of moral objectivism.
