Acceso usuarios
El incesante avance de la ciencia y de la tecnología que caracteriza a estas primeras décadas del siglo xxi y los nuevos riesgos que tal avance conlleva, sobre todo, para los derechos y libertades, exige que el legislador deba abordarlo normativamente. Para ello, es necesario que el legislador se dote del conocimiento necesario, atendiendo a la mejor evidencia científica. Y ello constituye un verdadero mandato constitucional derivado del principio de interdicción de la arbitrariedad consagrado en el art. 9.3 de la Constitución y que alcanza a todos los poderes públicos y, por tanto, también al legislador. Sin embargo, que la aprobación de las leyes vaya precedida del necesario asesoramiento científico no supone que la evidencia científica deba sustituir a la decisión política, por muy relevante que aquella sea.
The relentless progress of science and technology that characterizes the early decades of the 21st century, along with the new risks that such advancements entail—particularly for rights and freedoms—requires lawmakers to address these issues through legislation. To this end, lawmakers must get the necessary knowledge, relying on the best available scientific evidence. This is a true constitutional mandate derived from the principle of prohibition of arbitrariness, enshrined in Article 9.3 of the Constitution, which applies to all public authorities, including lawmakers. However, the fact that the enactment of laws is preceded by necessary scientific advice does not mean that scientific evidence should replace political decision-making, no matter how significant it may be.
