Resumen de Las modalidades procesales colectivas en el orden social: construcción jurisprudencial de los procesos sobre conflicto colectivo, despido colectivo e impugnación de convenios colectivos

Francisca María Ferrando García

• español

  El presente estudio analiza la doctrina jurisprudencial de la Sala 4ª del Tribunal Supremo en relación con las modalidades procesales colectivas reguladas en la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social (LRJS): los procesos de conflicto colectivo, sobre despido colectivo y de impugnación de convenios colectivos. A partir del examen sistemático de la jurisprudencia más relevante, se abordan cuestiones esenciales como la delimitación del ámbito objetivo y subjetivo de cada modalidad, la legitimación de los sujetos intervinientes, los efectos de cosa juzgada y la ejecución directa de las sentencias.El trabajo pone de relieve el papel decisivo de la jurisprudencia en la configuración práctica de estas modalidades procesales, destacando su contribución a la efectividad del derecho a la tutela judicial desde una dimensión colectiva y a la coherencia del sistema procesal en el orden social. Asimismo, se analizan los criterios interpretativos que han permitido conciliar la protección de los intereses generales de las personas trabajadoras con las exigencias de seguridad jurídica y economía procesal.

• English

  This paper examines the case law of the Fourth Chamber of the Spanish Supreme Court regarding the collective procedural modes established in the Act on Social Jurisdiction (Act 36/2011). It focuses on the collective dispute procedure, the collective dismissal challenge procedure, and the procedure for challenging collective bargaining agreements. Through a systematic review of the most relevant judgments, the study explores key issues such as the objective and subjective scope of each procedure, the standing of the parties, the res judicata effects, and the direct enforcement of judgments.The analysis highlights the decisive role of the Supreme Court in shaping the practical operation of collective procedural mechanisms, reinforcing the effectiveness of collective judicial protection and the coherence of the labour procedural system. It also underscores the interpretative approaches that balance the defence of workers’ collective interests with the principles of legal certainty and procedural economy.