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Valencia, España
El artículo realiza un análisis de la Ley 3/2025, de 22 de mayo, de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana (LPOCV). El texto principal de la crítica se centra en la propuesta de la LPOCV de derogar el PATIVEL (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral) como instrumento que logró proteger los territorios de mayor fragilidad paisajística, ambiental y natural de la costa valenciana y que sobrevivió a más de 60 recursos contenciosos.
El autor argumenta que la nueva ley contradice frontalmente los principios fundamentales del Derecho Internacional, entre otros, la cláusula «stand still», o el de «no regresión ambiental» por cuanto permite desclasificar los suelos de especial protección litoral anteriormente blindados por el PATIVEL y en consecuencia reactivar los procesos urbanísticos proyectados en la franja del litoral que la crisis inmobiliaria de finales de los noventa se encargó de neutralizar.
Se analizan tanto las zonas de mayor conflicto y tensión, como los desarrollos de Cala Mosca en Orihuela, Sant Gregori en Burriana, o el Vega Port de Cullera, así como las bolsas de suelo urbanizable en fase de gestión o de urbanización existentes antes de su protección.
La crítica se focaliza entre otras, en la Disposición Adicional Tercera, conocida como la cláusula anti-deslinde, que permite a los ayuntamientos recuperar los «falsos suelos urbanos» con la intención de reducir las servidumbres de la Ley de Costas, pero especialmente en la Disposición Adicional Quinta que recupera con naturalidad las «bolsas de suelo urbanizable» a través de un mecanismo novedoso y sin antecedentes en el Urbanismo español de adscripción de terrenos de concesiones demaniales de dominio marítimo-terrestre sometidas a plazo.
