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La jurisprudencia del Consejo de Estado ha mostrado dificultades para consolidar un criterio jurídico respecto de la procedencia del enriquecimiento sin justa causa como mecanismo para corregir el empobrecimiento sufrido por un sujeto de derechos que ha suministrado bienes, servicios, obras u otros en favor del Estado sin la existencia de un vínculo contractual. Con el propósito de fijar una posición jurídica clara sobre esta materia, en 2012 y 2025 se profirieron sentencias de unificación que introdujeron nuevos requisitos para la procedencia de la figura. Sin embargo, lejos de disipar las dudas existencias, dichas decisiones ampliaron el panorama de incertidumbre
Case law from the Council of State has revealed challenges in establishing a consistent legal framework for applying the doctrine of unjust enrichment to address the impoverishment experienced by rights-holders who provide goods, services, works, or other benefits to the State in the absence of a contractual relationship. To establish a clear legal stance on the matter, unification rulings were issued in 2012 and 2025, introducing additional requirements for applying the doctrine. However, contrary to their intended purpose, these rulings have failed to resolve existing doubts
