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José Luis Lara Arroyo, Carlota Bescós Puyuelo
El despliegue de las tecnologías de inteligencia artificial en la Administración pública es una certeza actualmente que presenta grandes oportunidades, pero que, a su vez, puede conllevar importantes perjuicios. Ello ha determinado que las autoridades públicas tanto nacionales como europeas se hayan lanzado a regular esta materia, imponiendo una serie de prohibiciones, limitaciones o condiciones, según demande cada supuesto.
A pesar de ello, estas tecnologías se emplean cada vez con más frecuencia en procedimientos administrativos en España, erigiéndose como una apuesta del Gobierno invertir fondos para su desarrollo en el sector público y existiendo actualmente diversos proyectos en marcha tanto a nivel estatal como autonómico o local, tales como herramientas para tramitar expedientes de impuestos, de prestaciones sociales, de protección de víctimas, etc. Por su parte, Chile ha seguido la misma dinámica, impulsando la incorporación de la inteligencia artificial en sectores clave como salud, transporte, seguridad, etc.; en definitiva, como una forma para mejorar la interacción existente actualmente entre los servicios públicos y los ciudadanos destinatarios de su actuar.
Pues bien, aunque es cierto que estas tecnologías pueden suponer más eficiencia en la actuación administrativa, no es menos cierto que también pueden conllevar una mayor opacidad o, incluso, discriminación (contraviniendo así algunos de los principios más elementales del derecho público). Por ello, cabe preguntarse la conveniencia de promulgar una regulación específica del uso de la inteligencia artificial en el ámbito público en aras de garantizar correctamente los derechos que asisten a los ciudadanos en este ámbito tan particular.
