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Adolfo Ciudad Reynaud
Setenta años de unilateralismo estatal en la regulación de las relaciones laborales en el sector público han impedido que los gobiernos y partidos políticos se adapten a esquemas de diálogo y autocomposición para la negociación colectiva con los trabajadores de la administración pública. Una larga historia de restricciones al contenido esencial de la negociación colectiva (incrementos salariales y beneficios económicos) caracterizan la situación actual de este derecho en Perú, a pesar de sendas sentencias del Tribunal Constitucional que reconoce este derecho fundamental.
Constantes restricciones se han concretado contra este derecho mediante diversos dispositivos legales promulgados por el Poder Ejecutivo y el propio Congreso de la República, dictados incluso a lo largo del reciente año 2024. La política del Estado es no suscribir directamente ningún convenio colectivo, salvo el convenio centralizado para desestimular la negociación descentralizada, que ha sido la mayoritaria, por lo que los únicos convenios colectivos se obtienen a través del arbitraje.
Y todos los laudos arbitrales son impugnados ante el Poder Judicial cuyo trámite demora entre dos y tres años, que a menudo anula los laudos y ordena la emisión de nuevos laudos arbitrales, con lo que una negociación colectiva puede demorar varios años, lo que desestimula recurrir al ejercicio de ese derecho.
Las autoridades gubernamentales alegan falta de presupuesto público para asignar dinero a las entidades públicas para financiar los acuerdos de negociación colectiva, pero no se existe ninguna iniciativa para elevar la baja presión tributaria que existe en Perú (14%), ni para limitar las numerosas exoneraciones tributarias, como las 168 iniciativas legislativas con impacto fiscal desde el año 2022 hasta la actualidad se han dictado, que representan el 5.7 % del PBI de 2024, conforme da cuenta un informe del Fondo Monetario Internacional – FMI.
Se requiere un cambio de políticas públicas en el marco de un modelo democrático de relaciones de trabajo.
Seventy years of state unilateralism in the regulation of labor relations in the public sector have prevented governments and political parties from adapting to mechanisms of dialogue and conciliation for collective bargaining with public administration workers. A long history of restrictions on the essential content of collective bargaining—such as wage increases and economic benefits—characterizes the current state of this right in Peru, despite several rulings by the Constitutional Court recognizing it as a fundamental right.
Constant restrictions have been imposed on this right through various legal measures enacted by both the Executive Branch and Congress, even as recently as the year 2024. The State’s policy is not to directly sign any collective agreements, except for the centralized agreement intended to discourage decentralized bargaining, which remains the predominant form. Consequently, the only collective agreements obtained are those resulting from arbitration.
All arbitration awards are challenged in court, with proceedings lasting between two and three years; courts often overturn the awards and order new arbitration decisions, meaning that a collective bargaining process may take several years, discouraging the exercise of this right.
Government authorities claim that there is insufficient public funding to allocate resources to public entities for financing collective bargaining agreements. However, no initiatives have been proposed to increase Peru’s low tax burden (14%) or to limit the numerous tax exemptions. Since 2022, 168 legislative initiatives with fiscal impact have been enacted, representing 5.7% of Peru’s 2024 GDP, as reported by t
