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Los cuidados de larga duración son uno de los principales retos sociales que afrontan las sociedades longevas en un contexto de contención del gasto público y de predominio de la privatización de los servicios sociales. La literatura sociológica sobre la organización de los cuidados en España ha puesto de manifiesto que el actual modelo familista de bienestar no satisface las necesidades reales de la población (Martínez-Buján, 2014). Esto perpetúa la “crisis de los cuidados” (Pérez-Orozco, 2014) y refuerza las desigualdades sociales, especialmente en un contexto de creciente longevidad que aumenta las demandas de atención (Durán, 2018). En 2025 se cumplen los 18 años de que se reconociera la atención a la dependencia como un derecho universal y subjetivo con la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (Ley 39/2006) (LAPAD en adelante). Sin embargo, este hito de la política social no ha conseguido consolidar el acceso universal a los cuidados de larga duración, ni garantizar el derecho a cuidar y a ser cuidado (Comas d’Argemir, 2019).
