El tratamiento de datos personales en el contexto de las Administraciones públicas se ha convertido en esencial para una mejor prestación de los servicios públicos y para la atención a las personas. Esto puede suponer un mayor riesgo para los derechos y las libertades de estas personas consecuencia del tratamiento de sus datos personales, a menudo con tecnologías innovadoras. En este marco, la evaluación de impacto sobre protección de datos adquiere nueva relevancia como mecanismo de responsabilidad proactiva. Establecer un enfoque metodológico correcto y un análisis ponderado nos va ayudar, no sólo a cumplir con el Reglamento general de protección de datos, sino también, a cumplir con nuevas obligaciones como la de realizar una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales establecida en el Reglamento europeo de inteligencia artificial.