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Valeria Alejandra Ramírez Pino
Este artículo sostiene que la guerra contra las drogas (WOD, por sus siglas en inglés) es globalmente injusta, ya que los Estados violan su deber negativo de no causar daño al imponer un orden institucional coercitivo en el que el objeto de los derechos humanos no está garantizado para todos los miembros de la sociedad.Utilizando el Plan Colombia como estudio de caso y la teoría de justicia global de Thomas Pogge, el artículo examina cómo las estrategias antidrogas militarizadas, promovidas por Estados Unidos y adoptadas por Colombia, han conducido a violaciones de derechos humanos sin lograr el objetivo de acabar con el narcotráfico.El análisis muestra que la WOD criminaliza a comunidades vulnerables afectadas por la pobreza, el abandono estatal y el conflicto armado. Además, estas políticas no abordan las causas estructurales de la producción y el tráfico de drogas, refuerzan desigualdades globales arraigadas en disparidades coloniales y explotación, y no enfrentan el impacto de la demanda proveniente del norte global. En conjunto, esto ha llevado a la privación del objeto de los derechos humanos de los colombianos.El artículo propone enfoques alternativos basados en la reducción de daños, el respeto por los derechos humanos, un compromiso global con la justicia distributiva y la lucha contra las desigualdades en el orden económico mundial. Algunas medidas incluyen la participación equitativa de los Estados en la legislación antidrogas global, la legalización de dosis personales, la proscripción de estrategias militares, la inversión en programas de salud enfocados en la prevención y el consumo, la prohibición de la erradicación forzada de cultivos ilegales, y la promoción de programas de ayuda a agricultores que reduzcan la dependencia de economías ilegales.Finalmente, la WOD no puede ganarse únicamente mediante medios militares; solo un cambio hacia la justicia global y la reducción de daños ofrece un camino viable hacia adelante.
This article argues that the War on Drugs (WOD) is globally unjust because states violate their negative duty to not harm people by imposing a coercive institutional order in which the object of human rights is not secure to all members of society. Using Plan Colombia as a case study and Thomas Pogge’s global justice theory, the article examines how militarized drug strategies, promoted by the United States and adopted by Colombia, have led to human rights violations without achieving the desired goal of ending drug trafficking. The analysis shows that the WOD criminalizes vulnerable communities affected by poverty, state neglect, and armed conflict. Moreover, these policies fail to address the structural causes of drug production and trafficking, reinforce global inequalities rooted in colonial disparities and exploitation, and do not confront the impact of demand from the Global North. Altogether, it led to the deprivation of the object of human rights of Colombians. The article proposes alternative approaches based on harm reduction, respect for human rights, a global commitment to distributive justice, and combat inequalities in the global economic order. Some are equal participation of states in global anti-drug law, legalization of personal doses, proscribing military strategies, investing in health programs focused on prevention and consumption, prohibition of forced eradication of illegal crops, and promoting aid programs to farmers that cut dependency to illegality.
