En una época en la que el derecho importa cada vez menos y las leyes, si están para algo, es para ser constantemente cambiadas, la protección de datos es sinónimo de problemas, obstáculos y complicaciones. En el día a día administrativo, esta derivada jurídica íntimamente ligada al derecho a la intimidad, se ha convertido en una especie de Pepito Grillo que, por el papel último y residual que se le asigna, más que garantías, produce a la vez, cansancio y miedo. A su vez, a nivel social, ni creemos ni practicamos esta rama del derecho. Las redes sociales y el uso que hacemos de las mismas contribuyen a ello. El presente trabajo aborda un aspecto concreto de la protección de datos —el derecho de supresión— que, por el camino del sentido del resto de normas a las que afecta —en el caso que analiza, las penitenciarías—, puede hacernos avanzar en una aplicación normativa lógica y coherente.