Los empleados públicos que forman parte de los órganos y tribunales de selección de personal actúan, en ellos, bajo doble condición de ciudadanos y de servidores públicos. La peculiar naturaleza de este tipo de órganos determina que, en lo referente a la actuación de sus miembros, no estén éstos sometidos al principio de jerarquía entre ellos mismos pues únicamente están obligados por la ley, sin que ningún miembro pueda dar órdenes a otros por virtud de rango (presidente, si bien primus inter pares, o secretario) o de antigüedad. El órgano de selección, por otra parte, no queda tampoco sometido a autoridad alguna en su esencial servicio público.