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José Manuel López Jiménez, Luis Sebastián Castañares
El derecho a la formación del trabajador ha sido considerado, con carácter general, piedra angular para la mejora de la competitividad de las empresas, públicas o privadas, así como elemento de extraordinaria necesidad para mejorar la empleabilidad o consolidación profesional del empleado por cuenta ajena.
A estos efectos, si importante es esta prerrogativa, mayor relevancia debe otorgársela cuando debe aplicarse precisamente a quienes deben formar a los profesionales del futuro. Sin embargo, el uso y desarrollo de este derecho ha venido marcado tradicionalmente por una falta de calidad latente unida a una generalidad de difícil aplicación a la estrategia docente.
En el presente artículo se pretende por tanto en un primer momento realizar un análisis jurídico del derecho a la formación, entendido este como aquel que posee todo trabajador por cuenta ajena y que tradicionalmente el legislador ha venido reduciendo a la concesión de permisos de distinta naturaleza para que el trabajador decidiera, sin una aplicación o mejora directa y que paulatinamente ha tratado de subsanarse a través de reformas legislativas que, no obstante, otorgan una vital relevancia a la acción de la empresa y de la negociación colectiva.
Seguidamente, se analizarán las implicaciones de este derecho en el ámbito específico del sector docente, sector que por su naturaleza precisa de una actualización constante y cuyas necesidades se han visto siquiera potenciadas por el aumento exponencial de las tecnologías de la información y la comunicación a todos los niveles.
Finalmente, se valorará cómo la formación puede y debe ser el vehículo de mejora de la empleabilidad y calidad en el aula y las repercusiones que en los futuros profesionales puede tener su implementación en las distintas etapas educativas.
